Por Ithalo Iriarte Alballay

El grado de privacidad de la propiedad sobre determinadas cosas por parte del hombre depende necesariamente de como afecte la disposición, uso o disfrute de estas al bien común.

Normal es por ejemplo que la propiedad sobre una mascota como un perro no deba ser tan privada como para abandonarlo o cometerle maltrato primeramente por la salud del alma del dueño, que, al realizar estos actos, se ve degenerada por la crueldad; tampoco es bueno que esta sea casi nula como para que su dueño tenga que compartir su mascota con todos sus vecinos.

Hay cosas que por su naturaleza son más propias de estar privadas al público, como la ropa interior, mientras que otras en las que participamos todos como la propiedad colectiva de los nacionales sobre su patria, y otras cosas que están en el espectro entre estos extremos, como el ejemplo del principio.

Teniendo esto en cuenta es importante analizar uno de los principios base del ordenamiento jurídico chileno: el principio de subsidiariedad. Este consiste en que el Estado debe respetar la autonomía de los grupos intermedios, la familia y la persona en la persecución de sus fines específicos, por lo que no debe intervenir si estos ya son capaces y efectivamente logran conseguir sus fines por si solos.

Ahora esto no implica, como dirían los contrarios a tal principio, una especie de abstención respecto de garantizar el bien común como fin principal y propio de toda comunidad política; sino que: este principio no prohíbe la actividad estatal en cuanto esta se realice respecto de los fines propios del Estado, como la justicia, seguridad nacional o la promoción de las virtudes en los ciudadanos.

Solo limita al Estado respecto de fines específicos y propios de los particulares, que tienen relación con el nivel de privacidad de la propiedad sobre ciertas cosas.

Aunque el Estado igualmente debe participar de la regulación de la propiedad privada puesto que es así como garantiza tanto la justicia distributiva como conmutativa; la distributiva promoviendo la eficiencia con incentivos económicos para el aumento de la riqueza general del país, vía impuestos razonables y no confiscatorios, y definiendo rígidamente los derechos de dominio de cada ciudadano (promoviendo la propiedad privada respecto de cosas productivas antes que la colectiva, sobre todo en la región de la Araucanía), y la conmutativa asegurando a los ciudadanos que los conflictos que son resultados de intercambios justos, se resuelvan con igualdad entre las partes en relación a lo que pactaron, y persiguiendo los intercambios injustos de cosas fuera del comercio humano o los que son viciados por ejemplo por la fuerza como el robo.

Así que de ninguna manera el principio de subsidiariedad establecido en nuestra constitución significa un abandono de la cuestión social, sino que es totalmente compatible pues da la privacidad necesaria para la actividad productiva que es propia de los particulares, pero siempre estando guiada por el bien común.

Un comentario en «[OPINIÓN] El Principio de Subsidiariedad es compatible con el Bien Común por Ithalo Iriarte»

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